Recuerdo aún espeluznado una noticia de un accidente que leí hace un tiempo. Ocurrió en Ruanda, en el corazón de África. Un tren de esos que van desbordados de gente (hablar de pasajero aquí sería mentir) había descarrilado dejando decenas de muertos y varios centenares de heridos. Lo que acrecentó la tragedia es que, ante la carencia de asistencia sanitaria, ninguna ambulancia se desplazó al lugar del siniestro, por lo que los heridos que quisieron ser atendidos tuvieron que recorrer unos 40 Km hasta el hospital más cercano.
La siguiente anécdota que quiero compartir la vi en un documental de Michael Moore (Sicko). Un ciudadano estadounidense (en el corazón del mundo) perdió dos dedos por un accidente laboral. Su seguro privado sólo le cubría la recuperación de uno. Si quería reponer los dos debía pagar un dinero extra que no tenía. Al final tuvo que elegir entre uno de los dos dedos, perdiendo definitivamente el otro.
El paternalismo imperante en nuestro país por parte de la clase gobernante ha creado una variada gama de servicios públicos cuyo uso y disfrute no tiene más coste que el de los impuestos directos. Esto es lo que se conoce como Estado del Bienestar y a fe que debe ser motivo de orgullo ciudadano.
El problema viene cuando malinterpretamos la palabra “gratis” dándole el sentido de “mío”. Si es gratis lo puedo coger, usar y disfrutar como quiera. Servicios públicos como la Sanidad o la Justicia son objeto continuo de sobreexplotación por parte nuestra. Como si de caladeros descontrolados donde los grandes pesqueros pacen a la vez que esquilman, los servicios públicos son, en gran medida, producto del exceso y del abuso.
Resulta habitual que ante la menor incomodidad (ya no accidente, enfermedad, trastorno) se acuda a “Urgencias” para así tranquilizar una hipocondría latente. No existe conciencia del coste que supone en personal, material y retraso en la atención a quien bien puede necesitarlo. Al fin y al cabo como lo pago con mis impuestos tengo todo el derecho a usarlo, y el que venga detrás que arree.
Pero el caso de la Justicia es aún más llamativo. Ésta, como tener un coche, varias televisiones en casa, viajar en avión o veranear se ha popularizado hasta tal punto que todos hemos pasado a tener “mi abogado” y en el mejor de los casos “mis abogados”.
Resulta obsceno escuchar en algunos programas la facilidad con la que se ha incorporado al lenguaje común términos como denuncia o querella de los que se hace uso ante un roce percibido como amenazante. Poner una denuncia es sencillo, algunas pueden tramitarse desde casa, a través de Internet. Luego, basta con que el engranaje de la Justicia gratuita gire para acabar pidiendo un día libre, acudir al Juzgado oportuno y curar las heridas del honor mancillado. En el camino, policía, oficiales, secretarios, jueces y demás peones del servicio público han tenido que dar cumplida cuenta del incidente. Todo ello, de nuevo, con un elevado coste económico para el Estado y de eficacia para quien realmente lo necesita.
Efectivamente, abogo por unos servicios públicos gratuitos de calidad. Pero no universales con coste cero. Existen dos variables que deberían ser tenidas en cuenta como son la gravedad que motiva su uso y la solvencia económica del usuario. De esta manera el abuso injustificado debe tener su contrapartida en forma de factura.
Sería interesante que desde pequeños se mentalizara a través de asignaturas como la Educación para la Ciudadanía que gratis no significa sin coste. Que todo tiene un valor y que nada surge por generación espontánea. Que, como el chaleco salvavidas de los aviones o la Parada de Emergencia del tren, ciertos recursos están ahí para ser usados cuando es estrictamente necesario.
Mientras tanto pasemos de largo y congratulémonos de no tener que usarlos.
La siguiente anécdota que quiero compartir la vi en un documental de Michael Moore (Sicko). Un ciudadano estadounidense (en el corazón del mundo) perdió dos dedos por un accidente laboral. Su seguro privado sólo le cubría la recuperación de uno. Si quería reponer los dos debía pagar un dinero extra que no tenía. Al final tuvo que elegir entre uno de los dos dedos, perdiendo definitivamente el otro.
El paternalismo imperante en nuestro país por parte de la clase gobernante ha creado una variada gama de servicios públicos cuyo uso y disfrute no tiene más coste que el de los impuestos directos. Esto es lo que se conoce como Estado del Bienestar y a fe que debe ser motivo de orgullo ciudadano.
El problema viene cuando malinterpretamos la palabra “gratis” dándole el sentido de “mío”. Si es gratis lo puedo coger, usar y disfrutar como quiera. Servicios públicos como la Sanidad o la Justicia son objeto continuo de sobreexplotación por parte nuestra. Como si de caladeros descontrolados donde los grandes pesqueros pacen a la vez que esquilman, los servicios públicos son, en gran medida, producto del exceso y del abuso.
Resulta habitual que ante la menor incomodidad (ya no accidente, enfermedad, trastorno) se acuda a “Urgencias” para así tranquilizar una hipocondría latente. No existe conciencia del coste que supone en personal, material y retraso en la atención a quien bien puede necesitarlo. Al fin y al cabo como lo pago con mis impuestos tengo todo el derecho a usarlo, y el que venga detrás que arree.
Pero el caso de la Justicia es aún más llamativo. Ésta, como tener un coche, varias televisiones en casa, viajar en avión o veranear se ha popularizado hasta tal punto que todos hemos pasado a tener “mi abogado” y en el mejor de los casos “mis abogados”.
Resulta obsceno escuchar en algunos programas la facilidad con la que se ha incorporado al lenguaje común términos como denuncia o querella de los que se hace uso ante un roce percibido como amenazante. Poner una denuncia es sencillo, algunas pueden tramitarse desde casa, a través de Internet. Luego, basta con que el engranaje de la Justicia gratuita gire para acabar pidiendo un día libre, acudir al Juzgado oportuno y curar las heridas del honor mancillado. En el camino, policía, oficiales, secretarios, jueces y demás peones del servicio público han tenido que dar cumplida cuenta del incidente. Todo ello, de nuevo, con un elevado coste económico para el Estado y de eficacia para quien realmente lo necesita.
Efectivamente, abogo por unos servicios públicos gratuitos de calidad. Pero no universales con coste cero. Existen dos variables que deberían ser tenidas en cuenta como son la gravedad que motiva su uso y la solvencia económica del usuario. De esta manera el abuso injustificado debe tener su contrapartida en forma de factura.
Sería interesante que desde pequeños se mentalizara a través de asignaturas como la Educación para la Ciudadanía que gratis no significa sin coste. Que todo tiene un valor y que nada surge por generación espontánea. Que, como el chaleco salvavidas de los aviones o la Parada de Emergencia del tren, ciertos recursos están ahí para ser usados cuando es estrictamente necesario.
Mientras tanto pasemos de largo y congratulémonos de no tener que usarlos.
La foto es de la web Robid Good
1 comentarios:
Coincido con la diagnosis: El gratis para todos es un problema. Sin embargo, creo que hay que matizar la definición de este.
Existe una malsana tradición de afrontar los problemas desde un solo punto de vista, que lleva a medias soluciones. Y media solución, como sabemos, no arregla nada. Se enfoca siempre el tema de los servicios gratuitos desde el punto de vista de la oferta, pero ¿y la demanda? Defensa jurídica gratuïta, sanidad gratuïta, transportes gratuïtos y un largo etcétera. Es correcto que se incluyan este tipo de servicios como bienes públicos y por lo tanto que gozen de una calificación especial que los haga susceptibles de ser provistos por el estado.
Por otro lado, el concepto esencial de un estado de bienestar es la redistribución de riqueza de forma que ninguna persona quede fuera de este. Es decir, que a nadie le falte la provisión de los servicios que en el anterior párrafo se han mencionado. Pero para eso, una forma mucho más eficaz y eficiente de afrontar ese reto es incidiendo sobre la demanda de dichos servicios. Se debe establecer un mecanismo que dote de los recursos necesarios únicamente a los que lo necesiten, de forma gradual cuanto más grande sea su distancia respecto a las rentas más altas.
Un servicio debe de ser público y universal, de forma que todo el mundo tenga acceso. Pero ¿gratis? Garantizar que todo el mundo pueda acceder a un servicio no implica que tenga que ser gratuïto para todo el mundo.
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